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| El Gobierno culmina la politización de los organismos reguladores |
El gobierno de Zapatero vuelve a avanzar por su ruta de desprecio y agresión a la democracia, a la que le ha quitado toda su calidad y decencia. Ahora pretende renovar órganos reguladores del Estado, mal llamados “independientes”, colocando en ellos a sus militantes y altos cargos.
Es otro deterioro más, de la democracia española, sostenido por un gobierno que cada día se aleja más de las democracias avanzadas para acercarse al mundo bananero y totalitario.
Con meses de retraso, pero cumpliendo los plazos de la ley de Economía Sostenible, el Gobierno propondrá el inicio de la renovación de los miembros de dos de los organismos reguladores de mayor trascendencia: la Comisión Nacional de Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
El Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, va a ser nuevo presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tras la reunión del próximo consejo de ministros, y muy probablemente, Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda, sustituirá a Maite Costa al frente de la Comisión Nacional de la Energía.
Esta burda maniobra, que sería inadmisible en cualquier democracia occidental que se preste, es una maniobra del Partido Socialista. Así pretende colocar a militantes destacados en los organismos supervisores para dejarles al mando de los mismos durante los primeros años del mandato popular, si estos logran ganar las elecciones, tras la debacle electoral ya prevista.
La decisión pone de manifiesto, a pesar del desencanto y del rechazo ciudadano, los socialistas no tienen remedio y siguen empeñados en manipular la democracia para que les beneficie a ellos, y a sus bolsillos y no al pueblo ni a la nación española.
Muchos analistas y expertos temen que el PSOE, ante la probabilidad de perder las próximas elecciones, intente incrustar a sus cuadros en otros muchos órganos e instituciones. El temor mayor se centra en que pretendan también renovar antes de plazo el Gobernador del Banco de España y el subgobernador de la entidad supervisora.
Para que no les podamos acusar de pasividad, los populares, intentando evitar esta agresión socialista a la decencia democrática, han registrado en el Congreso una proposición de ley para que los presidentes de los organismos reguladores y rectores de la economía, que requieren independencia y libertad en democracia, sean elegidos por el Congreso de los Diputados, con una mayoría de tres quintos. El PP trata de justificar esta iniciativa para que se sitúen al frente de los organismos mencionados personas del mayor prestigio profesional posible.
Sin embargo, ese objetivo no resultará sencillo porque todo indica que los socialistas, en retroceso organizado, más que en preservar la limpieza de la democracia y el bien común, están interesados en colocar piezas claves en los espacios estratégicos del poder, para que ellos cuiden sus intereses cuando los ciudadanos encarguen el gobierno al Partido Popular.
