A la deriva.

En los últimos tiempos, estamos asistiendo al deterioro de la instituciones; cuando una nación como la nuestra que sufre una gran crisis, todo el sistema entra en una descomposición. Muchos pretenden maniobrar para destrozar el Ordenamiento Actual, pretenden el derribo del Sistema, implantan la insumisión, la desobediencia, el acoso y la vejación, conculcan las libertades, el derecho personal y la intimidad individual, intentando imponer el desorden y el libertinaje. Las cosas no marchan, no funcionan y se extiende la putrefacción de la partitocracracia, creciendo el malestar, el descontento y el disgusto social, se siente el repudio que existe cada vez en mayores cantidades hacia la política y el rechazo del status jurídico y político  la política no puede ya ser la misma y la gente lo sabe, se da cuenta. Bien lo dice, V. Prego: “No solo se tambalea la Monarquía, sino que peligra la Constitución. No es admisible que el Estado de Derecho se instale en el continuo callar y ceder. Ello equivale al mismísimo hundimiento del sistema, porque, si se rompe la ley sin sanctión una sola vez, se rompe el ordenamiento entero. El Estado debe cumplir sin titubear su función y razón de ser. El Gobierno tiene la obligación de velar y hacer cumplir las leyes, está para garantizar los derechos elementales de los ciudadanos”. 

Quebranto, en el que están los gobernantes nacionalistas y de la mano con los colegios que obedecen sus consignas; con el titulillo de cumplir la “voluntat del poble”, desobedecen y desprecian abiertamente las leyes, presionan al gobierno central, y éste, ingenuo, durante décadas, los mantiene y les da dinero, con los que ocultar sus miserias. Al día siguiente de que el TSJ Catalán instara a la Generalidad a equiparar el Castellano y el Catalán, el Parlament de Cataluña, rechazó una moción de Ciutadans en la que se solicitaba que ambas lenguas se usen en la escuela de forma “equilibrada y suficiente”. El Govern expresó su rechazo a obedecer a los jueces y los dirigentes escolares hicieron por su parte, un llamamiento a la insumisión; todos los grupos políticos menos el autor de la moción se sumaron y escenificaron su estrategia de presentar batalla a Madrid. Lo mismo que escenificaron los tres parlamentarios de ERC en el Congreso de los Diputados, al autoexpulsarse representando la payasada de hablar en catalán en la Tribuna a sabiendas de la prohibición, pues la cooficialidad sólo es vigente en el seno de la Comunidad. A Albert Rivera, las CUP le organizaron un “escarnio”mayúsculo en un acto que tenían convocado. En estos embates, los sectores de la izquierda más radical aspiran a llegar al Parlamento por la presión callejera, las plataformas reparten consignas a socaire de la solidaridad, consignas de un claro matiz político, que se han convertido en un ariete fabuloso contra el Gobierno; agitan la bandera de la dación en pago para recusar el sistema; cargados de su incisiva intención ideológica, se las arreglan para convertir un problema grave en motivo de división, enfrentamiento y agresividad. 

La Junta Andaluza, expropiará viviendas, aprobó un Decreto-Ley  llamado de Medidas, por el que ha declarado la Función Social de la Vivienda; se sustenta en la filosofía totalitaria de que “utilidad individual y función social configuran unitariamente el contenido del derecho de propiedad”. Además de los EREs fraudulentos y de tener el enorme índice de paro, se han sacado el invento de la expropiación, que, no es nada más que un remedio teológico de la Liberación, es decir, “Apropiación”, no es otra cosa que un ataque al derecho de propiedad privada de pisos, para ellos darlos en alquiler a inquilinos que no pagan; justifica tal medida en su apreciación de que la propiedad tiene un límite, que es la ”función social”; la Junta Socialcomunista en Sevilla decide la función social adecuada para la propiedad ajena. Esta disposición exhala un alto cariz socializante, más del gusto soviético, que de los cauces económicos de nuestro mundo occidental; trata la sangría de los desahucios, pero se inserta en el discordante modo intervencionista y revolucionario. 

Así las cosas, los diferentes gobiernos asisten, en silencio al ataque al sistema y a numerosos derechos, no en el uso de las lenguas, sino en el cumplimiento de la legalidad. Ese amilanamiento y pasotismo durante años, es el que ha hecho posible que el Castellano se haya expulsado de la enseñanza catalana, que se dé el espectáculo de la confrontación, la escenificación de la ofensa, esa que claman recibir, para sacar dinero y ocultar sus errores y mangoneo y que se acose y denigre a gente del PP en su fuero interno. Hay que detener los acosos e inhabilitar a todo responsable que se niegue al cumplimiento de la ley de las resoluciones judiciales.

Según Felipe González, estamos en una “crisis institucional que galopa hacia la anarquía”. Anarquía y caos es lo que se está respirando en medio de este barullo y cabreo generalizada, de tanta gente en su sufrimiento. El Estado de Derecho tiene unas posibilidades máximas de defensa del ordenamiento jurídico y no tolera a nadie que trate de volar los cimientos de la legalidad. Los ciudadanos han de plegarse y cumplir el mandato judicial, no pueden declararse insumisos a los tribunales ni saltarse la ley y las sentencias a voluntad.